El código penal peruano reconoce como agravante el hecho que quien perpetra una violencia sea la persona a cargo del cuidado del otro. Docentes, policías, militares, personal sanitario, de cuidado a las infancias y autoridades civiles y comunitarias tienen un imperativo especial de garantizar los derechos de las personas, y además se encuentran en una relación de poder respecto a quienes están bajo su cuidado o acuden a sus servicios.
Pese a
ello, los agresores sexuales más frecuentes son los cuidadores, primero la
familia, y luego el personal a cargo de brindar un servicio de cuidado. Para
entenderlo, debemos revisar tres factores:
Ø Un depredador busca presas.
Ø Deficiente formación profesional.
Ø Insuficientes filtros de
contratación.
Un
depredador busca presas
Los
agresores sexuales reincidentes buscan activamente ocasiones para estar en
contacto con sus potenciales víctimas. De hecho, es una de las características
de pedófilos tanto frecuentar espacios donde hay niños o niñas, como el buscar
trabajos que les permitan tener cercanía a niñas y niños. Muchas veces no son
los profesionales del rubro, pero buscarán la manera de tener acceso a sus
potenciales víctimas.
Deficiente
formación
Las
instituciones de formación superior están en crisis por la débil formación
ética y nula formación en sexualidad en carreras vinculadas a servicios. Las
universidades e institutos esperan que esta formación sea cubierta por las
familias y la educación básica. Pero la realidad es que muchas familias
refuerzan la cultura de la violación, y no se ha conseguido aún una plena
implementación de la educación sexual integral en las escuelas. Por ello se
hace necesario incluir estos aspectos en la formación profesional para asegurar
que no se esté titulando a potenciales agresores. Esto también implica limpiar
los centros de formación superior de toda forma de violencia.
Insuficientes
filtros de contratación.
Los
colegios profesionales también están debilitados, no hacen un seguimiento a su
colegiado, y en algunos casos (como el colegio de psicólogos) la habilitación o
inhabilitación se limita al pago de cuotas, y se espera pasivamente para
iniciar algún proceso disciplinario. Lo observamos en el caso del Señor Angulo
que se pasea desinformando por programas de mediodía, y en el reciente caso de
violencia sexual en una UPE de Ucayali. El Estado no puede esperar a que los
colegios profesionales pasen a una actitud proactiva, y debe incluir mayores
filtros y seguimiento al personal que estará en contacto con poblaciones en
vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, adultas mayores, personas con
discapacidad, diversidades y mujeres sobrevivientes de violencia.
En general,
la actitud frente a la violencia es reactiva y punitiva, en vez de preventiva y
resocializadora. En otras palabras, importa más el castigo, que evitar el daño.
Urge
cambiar este paradigma de respuesta a la violencia, que la trata como algo
punible pero inevitable, a uno en que de manera activa formemos en una
ciudadanía que respete a las mujeres, las infancias y las diversidades, y donde
ninguna persona sea violentada.
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