¿Por qué su
condena es menor a la de su equivalente Guzmán que fue sentenciado a perpetua?
Tal vez se deba a los vínculos políticos del antes aprista Polay, que casi al
final del primer gobierno de Alan García logró escapar de prisión a través de
un túnel en el Penal Castro Castro, continuando con su actividad terrorista hasta
ser capturado nuevamente en 1992. Lamentablemente, la falta de garantías de su
juicio le permitió apelar la sentencia a cadena perpetua, y el 2008 fue
condenado a 35 años. Tomando en cuenta el tiempo previo de carcelería, saldrá
libre el 2026.
Al igual que
otros cabecillas terroristas no mostró nunca arrepentimiento por su
responsabilidad en el asesinato de unas 16 mil personas acorde a los cálculos
de la CVR[1].
Ni de otras acciones terroristas del
MRTA durante el conflicto armado interno como fueron atentados a bienes
públicos y privados, asaltos, el secuestro de personas en condiciones
infrahumanas y la toma de la casa del embajador japonés.
Paralelamente,
las organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ vienen documentando hace años los
casos de crímenes de odio perpetrados por esta organización terrorista. Siendo
el más sólido desde la perspectiva legal, la masacre de las Gardenias en
Tarapoto, donde los terroristas del MRTA incursionaron en una discoteca gay,
secuestraron a ocho personas y las ejecutaron delante de la población civil. Estos
hechos ocurridos el 31 de mayo de 1989 fueron reivindicados por el grupo
terrorista en el Semanario Cambio, y era parte del accionar permanente de los
emerretistas llamados “limpieza social” desde una evidente perspectiva
homofóbica y transfóbica.
Esta era una
práctica recurrente del MRTA, el caso está plenamente documentado y con
múltiples testigos. Por ello, el 2023 la Fiscalía abrió investigación a siete
emerretistas, incluyendo a Polay por los presuntos delitos de homicidio
calificado y terrorismo agravado. Aunque los tipos penales son los mencionados,
se debe precisar que debido a su gravedad y contexto constituyen crímenes de
lesa humanidad, a la vez que crímenes de odio.
De esta manera,
no solo se buscaría justicia para las ocho personas asesinadas, sus familias y
la comunidad LGTBIQ+, sino que, de ser hallado culpable, se extendería el
tiempo de carcelería de este sociópata, para tranquilidad de toda la sociedad
peruana.
Sin embargo, el Congreso
de la República le está construyendo un nuevo túnel a Polay. El pasado 06
de junio aprobaron una norma que busca limitar la aplicación y los alcances de
los delitos de lesa humanidad. La norma, concebida como una nueva ‘Ley de
amnistía’ plantea eximir de responsabilidad a procesados por delitos de
violaciones de derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad[2].
Los congresistas
argumentan que la norma busca “reivindicar” a militares y policías octogenarios
que podrían estar siendo juzgados por delitos cometidos hace más de 20 años, y
por tanto supuestamente prescritos. Como no pueden especificar que la norma está
dirigida a un tipo de imputados porque sería inconstitucional, la fórmula usada
queda abierta para beneficiar también a civiles, como Vladimiro Montesinos y Alberto
Fujimori, por un lado; pero también a cabecillas terroristas.
Cabe resaltar que,
si han pasado tantos años, y estas personas deben afrontar sus crímenes en la
vejez, es porque durante más de 20 años se dedicaron a obstaculizar la
justicia, con leyes de amnistía, desaparición de cadáveres y diversas
triquiñuelas legales. De haber cooperado, tal vez a estas alturas ya habrían
pagado su deuda con la sociedad.
Otra razón por la
demora en los enjuiciamientos es la discriminación por género
institucionalizada, por la que como sociedad tardamos en tomar conciencia de la
gravedad de crímenes como las esterilizaciones forzadas y el asesinato de
personas gays y trans, precisamente dos casos que podrían quedar en la
impunidad.
Es justamente por
la forma en que afectan a la sociedad estos tipos de crímenes, que existe un
consenso internacional que reconoce su imprescriptibilidad, es decir no importa
cuándo fueron cometidos, si antes o después del 2002, o si antes o después de
los juicios de Nuremberg a los nazis. La comunidad internacional de la que
somos parte demanda que estos hechos sean juzgados para garantizar los derechos
a la justicia y a la verdad, y evitar que se repitan. Pero a nuestras clases
política y dirigente no les importa cuántas veces más se deban repetir este
tipo de tragedias.
Si la secretaria
/ sirvienta del Congreso, la señora Boluarte promulga la ley, nada impedirá que
Polay, así como otros emerretista y senderistas busquen acogerse a ella.
Después no digan que
fueron los caviares quienes los liberaron, porque fueron 60 fujimoristas,
perulibristas, acciopopulistas, acuñistas, castillistas y “porkistas”[3].
[1] La CVR estima que
el 24% de las víctimas corresponden al MRTA y otros agentes, siendo el total de
víctimas estimado por la CVR de 69280, el 24% equivale a 16627
personas. Fuente: CVR (2003) Anexo 2: ¿Cuántos peruanos murieron? https://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/ANEXO%202.pdf
[2]
Fuente: https://www.infobae.com/peru/2024/06/06/congreso-aprueba-ley-de-amnistia-que-beneficia-a-sentenciados-e-investigados-por-lesa-humanidad/
[3] Fuente: https://elcomercio.pe/politica/actualidad/congreso-que-legisladores-votaron-a-favor-de-ley-que-abre-las-puertas-de-la-impunidad-noticia/
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