A catorce años de la participación peruana en la III Conferencia Mundial
contra el racismo en Durban, Sudáfrica, más de 30 años de ratificar la
Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial y a seis meses que Naciones
Unidas expresara su preocupación por el racismo difundido en el programa de la
Paisana Jacinta, a uno de los pesos pesados de la política peruana y
pre-candidato al 2016, no se le ocurre mejor idea que bailar con dicho
personaje en televisión nacional.
Atrás quedó el día en que García firmó el pedido de perdón histórico a
los afroperuanos en nombre del Estado peruano, para lavarse un poco frente al
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) por la masacre en
Bagua. No le interesa más fingir, ni por estar en campaña, y nos regala lo que
podría ser el “baile del perro del hortelano”.
Este 21 de marzo se conmemoran 55 años de la masacre de Shaperville,
cuando el gobierno sudafricano asesinó a manifestantes contra el apartheid. Es
un día de reflexión contra el racismo, y en especial contra el racismo
institucionalizado. Y viendo la patética imagen del dos veces presidente
peruano exaltando un personaje racista, resulta inevitable cuestionarse sobre
la institucionalidad del racismo en el Perú.
Desde la universalización del voto, no hay leyes que excluyan
expresamente de derechos a colectivos en razón de su etnia u origen. Sin
embargo, es poco lo que los grupos históricamente discriminados (indígenas y
afroperuanos) han mejorado en su calidad de vida desde entonces. El racismo
peruano es un ejemplo de ley no escrita cumplida a cabalidad, y la negación de
su existencia es la herramienta perfecta para su supervivencia.
No hay ley que prohíba a un afrodescendiente ser gerente o representante
de una empresa transnacional, pero por alguna razón la mayoría son de
ascendencia o fenotipo europeo. Tampoco hay leyes que impidan a una indígena
ser modelo de una marca importante, pero los catálogos siguen llenos de rubias.
Se ha luchado incansablemente contra el estereotipo racista enarbolado por
personajes como el “negro mama” y la “paisana Jacinta”, consiguiendo el apoyo
institucional de los órganos competentes a nivel nacional e internacional. Sin
embargo, estos son legitimados por el ex presidente sin que haya merecido mayor
crítica de sus rivales.
En el Perú, el racismo no está reglamentado porque no lo necesita para
manifestarse de manera estructural. Es más, con la “tradición” de incumplir
leyes, a lo mejor, si se oficializara el racismo, paradójicamente desaparecería.
En cambio, la legislación incumplida es la referente a la sanción de la
discriminación y a las responsabilidades asumidas al firmar el CERD, además de
la legislación que no ha sido generada tanto desde la promoción de acciones
afirmativas como de la denuncia de actos discriminatorios.
Sin embargo algo se ha avanzado en la generación de conciencia sobre la
existencia (antes negada) del racismo, y hoy son varios quienes alzan su voz
frente a actos discriminatorios. Si la costumbre es lo suficientemente fuerte
en Perú para institucionalizar el racismo sin leyes, revirtamos el racismo y
extingámoslo culturalmente desde la práctica cotidiana.
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