La Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga está en elecciones de tercio; dos banderolas resumen al transeúnte
cuales son las listas más fuertes y sus propuestas: mobiliario, vivienda, y la
otra se atreve a proponer tachas. Aunque las tachas pueden producirse con o sin tercio, este mecanismo resume mucho del espíritu con que fueron reformadas las universidades públicas en nuestro país, en el contexto de la N° 23733.
No es coincidencia que después de dar a
luz la Constitución de 1979 se impulsara la Ley Universitaria, en los tiempos
de la edad de oro del APRA y la Izquierda (y demás partidos hoy denominados
“tradicionales”) se quiso impregnar a la universidad publica del espíritu
democrático, el protagonismo estudiantil y los aires revolucionarios que
soplaban en América Latina: Una educación superior gratuita, horizontal,
accesible, garantizada por el Estado, que permita el debate político, la
generación de liderazgos y la formación de profesionales identificados con el
pueblo. Ese era el sueño, y me atrevo a decir, el espíritu de la Ley
universitaria, Ley N° 23733.
Pero el clientelismo partidario asesinó al debate político, los líderes se convirtieron en mercenarios y alumnos eternos, en respuesta a ello la gratuidad fue condicionada. Al mismo tiempo la decadencia de la educación básica hizo que solo se pudiera acceder a la superior a través de academias, limitando la gratuidad, mientras que la crisis económica y los bajos presupuestos hicieron caro lo gratuito, y el fujimorismo avasalló cualquier rastro democrático en las universidades, desatando una cacería de brujas que introdujo la cultura del miedo como compañera del clientelismo.
Si para los alumnos de Abimael Guzmán la
promesa de progreso a través de la universidad era un fraude. Si en los
ochentas Río cantaba “La Universidad”. Si en los noventas la FEP se desarticuló
hasta en cuatro espacios copados por grupos que ni alcanzaban a ser partidos.
En este milenio se ha producido una terrible contradicción, pues mientras diversas
voces claman por una restructuración de la universidad publica, cada pueblo, distrito
y provincia quiere también su propia universidad publica, así, decadente y
todo.
Volvamos a las afueras de la UNSSCH. Los
libros pirateados en la calle son similares a los de las afueras de las pre
limeñas, mientras que los libros en las afueras de la UNMSM suelen parecerse a
los de la biblioteca de la PUCP y de sus profesores. Si entendemos que en la
calle se vende lo que no hay en la propia biblioteca, podemos darnos una idea
de la bibliografía a la que acceden nuestros estudiantes. Solo por coger un
ejemplo de calidad, entre tantos.
Otro tema de calidad son los docentes (candidatos a tacha), los laboratorios, el presupuesto, el cogobierno… es decir, se requiere una reforma integral. Hasta aquí todos estamos de acuerdo.
¿Hacia donde debe ir la reforma? ¿Hacia
la privatización? Así aparentemente nos deshicimos del problema, pero si
miramos la mayoría de las universidades creadas desde los noventas gracias a
las modificaciones normativas de Fujimori, encontramos que la calidad suele ser
peor que en las públicas. Una estafa similar a la descrita en la Evaluación
Censal de Estudiantes de 2do de primaria, donde los colegios privados en zonas periurbanas
tenían peores logros de aprendizaje que las públicas.
Propongo retomar el ideal, el espíritu
de la ley 23733, más allá de lo normativo y renovarlo, actualizarlo con las lecciones
aprendidas, manteniendo la esperanza de una educación superior de calidad para
todos, y por qué no, en especial para indígenas, afroperuanos y personas con
discapacidad. Una educción que les acerque a sus pueblos con las herramientas necesarias
para ayudar, y la humildad para aprender de ellos. Con catedráticos dedicados a
la investigación y estudiantes que cogobiernen para el bien común dentro y
fuera de su casa de estudios.
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