Pasada la controversia por la corrupción en la venta de textos escolares, es tiempo de ir más allá en la discusión, ubicándola en su real contexto. En el Perú existen cerca de noventa y cinco mil[1] colegios, de los cuales, solo veintitrés mil son privados (el 24.4% del total), y atienden a apenas el 20% de estudiantes, concentrados principalmente en Lima Metropolitana. Los padres de familia supuestamente estafados, o forzados a comprar, pertenecen a esta fracción de la educación peruana, los mismos que obtuvieron los resultados menos malos en las pruebas internacionales PISA y SERCE, que ubican al Perú como uno de los países con mayores desigualdades educativas urbano-rural y socioeconómica en la región y el mundo.
Definitivamente estos padres tienen derecho a ser tratados de manera justa como consumidores. Lo que llama la atención es que este tema haya suscitado la rápida reacción de la prensa y el Congreso, tratándose de una minoría que enfrenta un problema de consumo y no de cobertura o calidad educativa.
Nadie señala[2] por ejemplo que apenas el 6.9% de escuelas de Loreto cuentan con agua potable, que el 75% de los adolescentes ashaninkas deben caminar más de media hora para llegar a sus escuelas secundarias, al igual que el 37% de niños aimaras en primaria. O ya que nos interesan los textos, no es un titular que en años anteriores apenas la mitad de los libros distribuidos por el MINEDU llegaban a tiempo. Tampoco ha provocado dos programas de Rosa María que en la última Evaluación Censal 2010, los niños indígenas disminuyeron en casi 2 puntos porcentuales sus logros en comprensión lectora (incluso en lengua materna) respecto al 2008, contradiciendo la curva ascendente que publicara Chang en los periódicos al final de su gestión.
Los niños y niñas indígenas tienen derecho a aprender en su idioma porque es lo pertinente pedagógicamente, porque solo así se construye identidad y se perpetúa la cosmovisión, porque es un derecho humano y colectivo, y porque de lo contrario, se les condenaría a la exclusión social y a la extinción cultural. Si un padre de familia en Lima se queja por comprar a una editorial porque es más cara de la otra, ¿qué alternativa tiene un padre de familia amazónico cuya lengua aun no está normada y no existen textos? Es una tarea compleja, y no existen suficientes cuadros técnicos para afrontarla, pero no por ello les debemos abandonar.
Trahtemberg defendía el uso de cuadernos de trabajo sosteniendo que son interactivos y preparan para la era digital, ello es relativo, pero ciertamente la cultura escribal parece estar en declive, y pasamos a una cultura digital que nos presenta la oportunidad de parecerse más a la oralidad, aquella que ha persistido miles de años en nuestros pueblos originarios, incluso como forma de resistencia frente a la hegemonía occidental. Ello lleva a pensar si se necesitan son textos o un material educativo que emplee las nuevas tecnologías de comunicación para que los niños aprendan sin desprenderse de sus idiomas aunque no tengan un alfabeto aun… finalmente el deber del Estado no es castellanizarles a la fuerza, sino hacer lo necesario para brindarles a cada niño y niña peruana una educación de calidad.
[1] Son 94 876 colegios de educación básica, incluyendo zona rural y urbana, y modalidades alternativas y a distancia. Los colegios privados son 23 151. Fuente: ESCALE – MINEDU.
[2] Fuente: Balance y recomendaciones del Proyecto Educativo Nacional 2007-2010, elaborado por el Consejo Nacional de Educación el 2011.
Comentarios
En el siglo XIX se creyó que solo aprendiendo a leer y escribir era posible lograr un hombre armonioso capaz de comunicarse consigo mismo y con su sociedad.
Eran los ideales de una época que, obviamente, ya no es la nuestra.
No es por defender el dogmatismo de la palabra escrita pero, paradójicamente, la única forma de acceder a las nuevas tecnologías -así sea para privilegiar el uso oral- implica poseer cierto nivel de comprensión de lo escritural. De otra forma, ¿cómo entender algo tan simple como las instrucciones de uso?
Una computadora no es tan fácil de usar como un teléfono -y este implicaba reconocer, al menos, los números-.
Lo más coherente no sería tanto «educar» a los habitantes de estas comunidades como sí «reforzar» sus propias culturas. Eso garantizaría, además, un intercambio muy rico en el que los «occidentales» también (re)aprenderíamos muchas cosas en el proceso.
Desgraciadamente, estamos hablando de ciudadanos en su mayoría de condiciones humildes y no de clientes, que es finalmente la razón por la que se justifica la supuesta pereza e indiferencia de autoridades para intentar resolver estos problemas de fondo: no son rentables.
Más fácil y barato es imponer la cultura conocida.
La moraleja es: crea consumidores, no ciudadanos.