Uno de los primeros encargos que recibiera al entrar a la Dirección de Tutoría (DITOE) fue apoyar en la mesa intersectorial sobre Seguridad Vial liderada por el Ministerio de Transportes e integrado por el Ministerio de Salud, del Interior y evidentemente del Ministerio de Educación. El primer y principal encargo durante poco más de doce meses de permanencia en la DITOE fue la elaboración de una guía para que los maestros brinden educación vial a sus estudiantes de primaria y secundaria. El MINTRA ya había elaborado algunos materiales previamente, pero se deseaba articularlo con el currículo. Ese proceso será el pretexto para algunas reflexiones.
La educación en seguridad vial desarrollada en países como España y Colombia parte de algunos principios generadores como el respeto a las normas, la convivencia y respeto a los otros, el cuidado del medio ambiente y la valoración de la vida. Estos principios no son exclusivos a la seguridad vial, sino que acompañan a la humanidad desde sus primeros esfuerzos de convivencia.
La vida como valor es un principio presente en todas las religiones y culturas del mundo, y es también la esencia sobre la que se funda el reconocimiento universal de los derechos humanos y los acuerdos internacionales que lo respaldan. La valoración de la vida es quizá uno de los aspectos olvidados en la problemática de la violencia de tránsito, desde el momento en que se la denomina erróneamente “accidente”, con la carga de fatalidad que dicha palabra implica. Predomina el sentido que “son cosas que pasan” o “mala suerte”, buscándose respuestas o causas mágicas que llevan a la inacción: “No había nada que hacer” “No se puede evitar”. Quienes no sufren directamente las muertes producto de la violencia de tránsito, pueden entenderla y criticarla, pero difícilmente sentirla, dada la poca valoración que se le da a la vida cuando se trata de la vida del “otro”.
Se trata del mismo problema que caracterizó el conflicto armado interno: el principal sentimiento frente a la muerte sigue siendo la indiferencia. Es un problema psicosocial que la sociedad peruana debe enfrentar, ya que si la desigualdad es el caldo de cultivo para la violencia, la indiferencia es el oxígeno que mantiene vivo el fuego. Ayer fue un conflicto armado, hoy es la violencia de tránsito, pero siempre los afectados son los sectores más vulnerables de la población, quienes ven violentados sus derechos fundamentales. Urge un cambio, y una de las herramientas que tiene la sociedad para el cambio es la educación.
Por años, se ha centrado la educación vial a una mera repetición memorística de las señales de tránsito, descuidando aspectos fundamentales como la extraordinaria oportunidad que brinda este tema en la construcción de ciudadanía, la formación en derechos humanos, el análisis de realidad y la versatilidad en la adaptación de contenidos, que son todos aspectos contemplados por el anterior y actual diseño curricular, e instrumentos de política con el Plan Nacional de Educación para Todos, el Plan Nacional de DDHH e incluso el Acuerdo Nacional. Se trata de aprendizajes pertinentes que dialogan con áreas como personal social, ciencia y ambiente y ciencias sociales, si es que se les toma en serio, partiendo de la realidad del estudiante y sus saberes previos y llegando más que a un aprendizaje de normas, a una conciencia de la importancia de una convivencia de tránsito solidaria y saludable.
Es verdad que el proceso es largo, y que los propios padres a veces inducen a sus hijos a conductas imprudentes al cruzar la pista. Corresponde educar también a los padres, a los adultos. De otro lado, existen varias zonas del país (las más pobres y excluidas) a las que no se puede acceder más que por una o dos agencias semi-formales[1] que incumplen todas las normas de seguridad vial. Aquí el problema se complejiza creando un círculo vicioso de inequidad, pues estos vehículos son el único medio de transporte e incluso de información (llevan el periódico del día o la semana) que tienen estos pueblos, eliminarnos sin prever un reemplazo equivaldría a condenar a sus pobladores al aislamiento y pobreza totales.
La violencia de tránsito, como cualquier problemática social implica una solución integral, donde la mirada de derechos humanos debe enfatizar en la urgencia de la solución y en revalorar la vida, la educación debe permitir crear en las presentes y futuras generaciones una ciudadanía vialmente respetuosa y responsable, la policía no solo debe sancionar los infractores sino coordinadamente con los gobiernos locales garantizar la seguridad integral de los ciudadanos para que no sean asaltados al usar un puente peatonal, ello, mientras las obras de infraestructura se hagan pensando en los peatones y en el medio ambiente y no solo en los automóviles como suele hacerlo el actual burgomaestre de la capital.
Es momento de dejar los lamentos por los “accidentes” y enfrentar la violencia de tránsito como se hace frente a las otras violencias. No en vano alguien dijo que quien hallara la solución para el problema del tránsito limeño, podría hallar la solución para el país.
La educación en seguridad vial desarrollada en países como España y Colombia parte de algunos principios generadores como el respeto a las normas, la convivencia y respeto a los otros, el cuidado del medio ambiente y la valoración de la vida. Estos principios no son exclusivos a la seguridad vial, sino que acompañan a la humanidad desde sus primeros esfuerzos de convivencia.
La vida como valor es un principio presente en todas las religiones y culturas del mundo, y es también la esencia sobre la que se funda el reconocimiento universal de los derechos humanos y los acuerdos internacionales que lo respaldan. La valoración de la vida es quizá uno de los aspectos olvidados en la problemática de la violencia de tránsito, desde el momento en que se la denomina erróneamente “accidente”, con la carga de fatalidad que dicha palabra implica. Predomina el sentido que “son cosas que pasan” o “mala suerte”, buscándose respuestas o causas mágicas que llevan a la inacción: “No había nada que hacer” “No se puede evitar”. Quienes no sufren directamente las muertes producto de la violencia de tránsito, pueden entenderla y criticarla, pero difícilmente sentirla, dada la poca valoración que se le da a la vida cuando se trata de la vida del “otro”.
Se trata del mismo problema que caracterizó el conflicto armado interno: el principal sentimiento frente a la muerte sigue siendo la indiferencia. Es un problema psicosocial que la sociedad peruana debe enfrentar, ya que si la desigualdad es el caldo de cultivo para la violencia, la indiferencia es el oxígeno que mantiene vivo el fuego. Ayer fue un conflicto armado, hoy es la violencia de tránsito, pero siempre los afectados son los sectores más vulnerables de la población, quienes ven violentados sus derechos fundamentales. Urge un cambio, y una de las herramientas que tiene la sociedad para el cambio es la educación.
Por años, se ha centrado la educación vial a una mera repetición memorística de las señales de tránsito, descuidando aspectos fundamentales como la extraordinaria oportunidad que brinda este tema en la construcción de ciudadanía, la formación en derechos humanos, el análisis de realidad y la versatilidad en la adaptación de contenidos, que son todos aspectos contemplados por el anterior y actual diseño curricular, e instrumentos de política con el Plan Nacional de Educación para Todos, el Plan Nacional de DDHH e incluso el Acuerdo Nacional. Se trata de aprendizajes pertinentes que dialogan con áreas como personal social, ciencia y ambiente y ciencias sociales, si es que se les toma en serio, partiendo de la realidad del estudiante y sus saberes previos y llegando más que a un aprendizaje de normas, a una conciencia de la importancia de una convivencia de tránsito solidaria y saludable.
Es verdad que el proceso es largo, y que los propios padres a veces inducen a sus hijos a conductas imprudentes al cruzar la pista. Corresponde educar también a los padres, a los adultos. De otro lado, existen varias zonas del país (las más pobres y excluidas) a las que no se puede acceder más que por una o dos agencias semi-formales[1] que incumplen todas las normas de seguridad vial. Aquí el problema se complejiza creando un círculo vicioso de inequidad, pues estos vehículos son el único medio de transporte e incluso de información (llevan el periódico del día o la semana) que tienen estos pueblos, eliminarnos sin prever un reemplazo equivaldría a condenar a sus pobladores al aislamiento y pobreza totales.
La violencia de tránsito, como cualquier problemática social implica una solución integral, donde la mirada de derechos humanos debe enfatizar en la urgencia de la solución y en revalorar la vida, la educación debe permitir crear en las presentes y futuras generaciones una ciudadanía vialmente respetuosa y responsable, la policía no solo debe sancionar los infractores sino coordinadamente con los gobiernos locales garantizar la seguridad integral de los ciudadanos para que no sean asaltados al usar un puente peatonal, ello, mientras las obras de infraestructura se hagan pensando en los peatones y en el medio ambiente y no solo en los automóviles como suele hacerlo el actual burgomaestre de la capital.
Es momento de dejar los lamentos por los “accidentes” y enfrentar la violencia de tránsito como se hace frente a las otras violencias. No en vano alguien dijo que quien hallara la solución para el problema del tránsito limeño, podría hallar la solución para el país.
[1] Un compañero de la maestría, Albino Ruiz, propone el término de lo para-normal para referirse a estos sistemas que cumpliendo con algunos requisitos formales, en la práctica mantienen un comportamiento y una cultura de informalidad.
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