El modelo de gobierno universitario latinoamericano con participación estudiantil y docente está sufriendo una segunda gran crisis en Perú. Este modelo se diferencia porque los máximos estamentos de toma de decisiones son órganos donde participan docentes y estudiantes elegidos democráticamente por sus pares y que reunidos en la Asamblea, Consejo Universitario y Consejos de Facultades eligen Decanos y Rector conforme a la vigente Ley Universitaria, Ley N° 23733. Esta ley es producto de una lucha desde las bases donde participaron la izquierda peruana y el aprismo.
La primera crisis del autogobierno de las universidades públicas sucedió hacia finales del primer gobierno aprista, cuando docentes y estudiantes hicieron mal uso del poder con actos de corrupción y de fundamentalismos ideológicos. Un ex director de la ANR convertido en Presidente auto-golpista empleó esta situación como pretexto para intervenir las universidades con Comisiones Reorganizadoras (CORE) que se perennizaron para acallar a la juventud crítica al fujimontesinismo. Y de reorganizar, por su puesto, nada.
A ocho años de la intervención, estudiantes de la Villarreal realizaron una toma, y con la UNMSM, Callao y UNI restablecieron la democracia universitaria al derogarse la Ley CORE y las sendas modificaciones despóticas que sufrió la Ley 23733. El Congreso apuró este proceso reintegrando a todos los docentes sin distinguir aquellos separados injustamente por el fujimorismo, de quienes realmente habían cometido inconductas.
A diez años del retorno de la democracia, Villarreal está intervenida por la Asamblea Nacional de Rectores-ANR. Podrían tener el mismo destino la San Cristóbal de Huamanga y la Nacional de San Martín, y otras con problemas en la elección de autoridades como la UNMSM.
El Caso Villarreal
La UNFV llevaba dos años sin representación estudiantil en los órganos de gobierno cuando en mayo 2010 el rector canceló el proceso electoral (de estudiantes y docentes) para renovar Asamblea y Consejo Universitario, paso previo a la elección de decanos y el 2011 de rector. El pretexto era que los estudiantes miembros del comité electoral no estaban matriculados, lo extraño es que ellos fueron nombrados por el rector. Frente a esto hubo protestas y se nombró un Comité Electoral Externo de la ANR. Seis meses después, el rector –y seguidores- acusaron al comité de favorecer a la lista opositora. Con ese discurso -sin pruebas- rectorado suspendió por segunda vez los comicios.
En respuesta, y conforme a ley, la ANR intervino la universidad encargando a docentes de la UNMSM y de la Universidad de Trujillo. Paralelamente en el Congreso de la República se presentó el P.Ley N° 04439 que pretende "reorganizar integralmente" la UNFV interviniéndola por dos años. No queda claro por qué se propone un periodo tan extenso, quien nombraría a la comisión interventora, ni bajo qué criterios. Aun así, está en la agenda del pleno para esta semana.
Con alguna dificultad, finalmente accedí al texto del proyecto de ley, que también comparto con ustedes: AQUÍ. A continuación hago una síntesis de los artículos:
Artículo 1: Propone la reorganización por dos años haciendo cesar en sus funciones a las autoridades. Actualmente la autoridad electa, legítima y vigente es el rector, cesaría él a la vez que los decanos interinos nombrados por este.
Artículo 2: Designa como miembros de la Comisión Reorganizadora a docentes de la UNMSM, UNI y UNA-La Molina. Señala que el proceso de reorganización no afectará el desarrollo de las actividades académicas; sin embargo en tanto se han expedido grados y títulos sin asamblea electa y en el tiempo que se instale la comisión no se podrán expedir diplomas, y esto sí implica un nivel de afectación.
Artículo 3: Atribuye a la comisión Reorganizadora asume las funciones plenas de gobierno, dirección, gestión y administración plena de la universidad. Le da al presidente de la Comisión las funciones de rector, a la Comisión las de asamblea y consejo universitario y de designación de decanatos, sin proponer un criterio para ello. Esto significa que la Comisión Reorganizadora estaría en capacidad de hacer un nuevo Estatuto y Reglamentos. Establece que se desarrollará una evaluación, y a partir de ella se separará al personal excedente, lo que podría colisionar con algunas leyes y derechos laborales.
Artículo 4: Nombra a la Comisión Reorganizadora como última instancia administrativa, contra la que solo caben acciones penales judiciales, lo que puede generar diversas problemáticas, si la Comisión no establece adecuadamente su sistema de investigación y sanción.
Finalmente, y textualmente señala que: "La aplicación de esta Ley dejará en suspenso de modo temporal la aplicación de la Ley N°23733, para la UNFV, en tanto se oponga al cumplimiento de los fines de la presente Ley y derogará las demás disposiciones legales que lilmiten o impidan el cumplimiento de esta norma (...)necesariamente las nuevas autoridades tendrán que revisar, evaluar y elaborar el Estatuto de dicha casa superior de estudios"
Tal vez a alguien le parezca mucho lío por una universidad; por ello es importante tener algunas consideraciones respecto a las universidades públicas:
- En su manejo no hay solo ganancia monetaria, sino de poder que interactúa con poderes políticos y partidarios.
- En sus claustros se generan ideas, debates y propuestas, pero también las corrientes de indignación y de lucha frente a gobiernos prepotentes. Controlarlas y callarlas es la aspiración de todo autoritarismo.
- En Villarreal es evidente la militancia aprista de muchos de sus trabajadores, docentes y estudiantes. Mostrar tener bases sólidas y capacidad de movilizarlas –e inmovilizarlas- da puntos en el partido. Lo mismo pasa respecto a otros grupos políticos en las demás universidades
Lo que distingue a Villarreal es la crisis interna del APRA que se ha evidenciado cada vez más con la imposición de candidatos foráneos y el incumplimiento de demandas de las bases. La UNFV ha llegado a este punto por la ambición de un grupo y por el desinterés de la cúpula aprista en fortalecer y dignificar sus bases.
Lo que es común a Villarreal y las demás universidades públicas es el precedente de restarle autonomía, más si se aprueba el proyecto de ley del congreso. No se necesita una ley con nombre propio o parches en una u otra universidad. Se necesita una reforma integral de la educación superior, incluyendo la no universitaria, que prevea procedimientos y un ente rector para hacer frente a estas y otras situaciones.
Finalmente, se trata de repensar también el modelo de gestión universitaria. Creo en el autogobierno, creo en la representación estudiantil. Mas no puedo negar que tal vez estos sucesos respondan a una crisis del modelo actual, y necesite unos ajustes para reafirmar la democracia universitaria.
Fuente foto: Blog Relación Abierta
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