Los textos, la oralidad y la educación

Pasada la controversia por la corrupción en la venta de textos escolares, es tiempo de ir más allá en la discusión, ubicándola en su real contexto. En el Perú existen cerca de noventa y cinco mil[1] colegios, de los cuales, solo veintitrés mil son privados (el 24.4% del total), y atienden a apenas el 20% de estudiantes, concentrados principalmente en Lima Metropolitana. Los padres de familia supuestamente estafados, o forzados a comprar, pertenecen a esta fracción de la educación peruana, los mismos que obtuvieron los resultados menos malos en las pruebas internacionales PISA y SERCE, que ubican al Perú como uno de los países con mayores desigualdades educativas urbano-rural y socioeconómica en la región y el mundo.

Definitivamente estos padres tienen derecho a ser tratados de manera justa como consumidores. Lo que llama la atención es que este tema haya suscitado la rápida reacción de la prensa y el Congreso, tratándose de una minoría que enfrenta un problema de consumo y no de cobertura o calidad educativa.

Nadie señala[2] por ejemplo que apenas el 6.9% de escuelas de Loreto cuentan con agua potable, que el 75% de los adolescentes ashaninkas deben caminar más de media hora para llegar a sus escuelas secundarias, al igual que el 37% de niños aimaras en primaria. O ya que nos interesan los textos, no es un titular que en años anteriores apenas la mitad de los libros distribuidos por el MINEDU llegaban a tiempo. Tampoco ha provocado dos programas de Rosa María que en la última Evaluación Censal 2010, los niños indígenas disminuyeron en casi 2 puntos porcentuales sus logros en comprensión lectora (incluso en lengua materna) respecto al 2008, contradiciendo la curva ascendente que publicara Chang en los periódicos al final de su gestión.

Los niños y niñas indígenas tienen derecho a aprender en su idioma porque es lo pertinente pedagógicamente, porque solo así se construye identidad y se perpetúa la cosmovisión, porque es un derecho humano y colectivo, y porque de lo contrario, se les condenaría a la exclusión social y a la extinción cultural. Si un padre de familia en Lima se queja por comprar a una editorial porque es más cara de la otra, ¿qué alternativa tiene un padre de familia amazónico cuya lengua aun no está normada y no existen textos? Es una tarea compleja, y no existen suficientes cuadros técnicos para afrontarla, pero no por ello les debemos abandonar.

Trahtemberg defendía el uso de cuadernos de trabajo sosteniendo que son interactivos y preparan para la era digital, ello es relativo, pero ciertamente la cultura escribal parece estar en declive, y pasamos a una cultura digital que nos presenta la oportunidad de parecerse más a la oralidad, aquella que ha persistido miles de años en nuestros pueblos originarios, incluso como forma de resistencia frente a la hegemonía occidental. Ello lleva a pensar si se necesitan son textos o un material educativo que emplee las nuevas tecnologías de comunicación para que los niños aprendan sin desprenderse de sus idiomas aunque no tengan un alfabeto aun… finalmente el deber del Estado no es castellanizarles a la fuerza, sino hacer lo necesario para brindarles a cada niño y niña peruana una educación de calidad.

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[1] Son 94 876 colegios de educación básica, incluyendo zona rural y urbana, y modalidades alternativas y a distancia. Los colegios privados son 23 151. Fuente: ESCALE – MINEDU.

[2] Fuente: Balance y recomendaciones del Proyecto Educativo Nacional 2007-2010, elaborado por el Consejo Nacional de Educación el 2011.

Más allá del agua

La multitudinaria marcha del viernes 10 de febrero ha buscado llamar la atención sobre la importancia de preservar el agua frente a la contaminación de las actividades extractivas. Sin embargo, el problema del agua va más allá del extractivismo, y los conflictos no son solo por agua.

El peligro de establecer una relación unicausal –como han sido algunos discursos- es que puede llevar a pensar que una alternativa ecológicamente responsable bastaría para dar pase libre a la minería, lo que podría generar nuevas violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales, solo que sin el apoyo de los ecologistas.

Vayamos al principio. Europa había agotado sus recursos y España tenía bloqueada su ruta de comercio, buscando una nueva vía encuentra tierras más extensas y ricas, pero en vez de establecer intercambio comercial con ellas, las invadieron para explotar tanto los recursos naturales como humanos, desarrollando por siglos una relación de dominación colonial que penetró las mentes de los dominados hasta hoy. Inglaterra siguió el ejemplo, pero al cometer exterminio, le faltó mano de obra, iniciándose el secuestro personas africanas para esclavizarlas. El modelo de “colonia” se extendía sembrando pobreza y muerte en los pobladores originarios de África y América. Posteriormente, los movimientos independentistas en las Américas fueron liderados por criollos y mestizos que perseguíanr un orden económico y político que les favoreciera, pero sin dejar de lado su desprecio endoracista por indígenas y afrodescendientes, continuando los abusos, genocidio y violación de derechos a estos grupos étnicos.

Tras la segunda guerra mundial y el holocausto, el mundo reflexiona sobre los derechos humanos y el racismo, notando que se cometieron graves crímenes contra afrodescendientes e indígenas, por lo que los estados –incluido el peruano- se comprometen a garantizar la subsistencia de los pueblos sobrevivientes y a reparar el saqueo, tortura, esclavitud y genocidio, si acaso tamaña barbarie puede ser compensada.

Retornando a las actividades extractivas, estas ponen en peligro la subsistencia de los pueblos indígenas, así cumplan con conservar el agua, ya que siempre habrá impacto ambiental sobre sus fuentes de alimentación y producción, o se requerirá desplazamiento territorial. Algunos señalan que ello es relativo porque la minería traerá nuevos ingresos y productos alimenticios, pero más allá de que eso no es sostenible, son los propios pueblos originarios quienes deben decidir el estilo de vida que quieren, y no imponérselos una vez más.

El Convenio OIT-169 reconoce el derecho a la consulta para todo lo que afecte a los pueblos indígenas, y al consentimiento previo para los casos en que peligre su subsistencia, entendiendo como parte de ella sus costumbres y sistema económico. La necesidad de la ley de consulta (y su reglamentación) es implementar algunos de los derechos reconocidos por este convenio y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, sin embargo, algunos graves errores en su redacción ponen en peligro que se cumpla con el objetivo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas: garantizar su subsistencia y reparar los crímenes cometidos.

Entre el 13 y 15 de febrero las principales organizaciones indígenas nacionales se reunieron para consolidar el proceso de revisión de la propuesta de reglamentación de la ley de consulta que inició hace tres meses con eventos macro-regionales. Las poblaciones indígenas no habían tenido tiempo de revisar en profundidad la ley hasta entonces, y saludaron su dación como un gesto positivo en relación con la actitud de gobiernos anteriores. Este proceso les ha permitido observar que la ley requiere modificaciones y así lo expresaron de manera unánime, mientras que la mayoría consideró que no se debe reglamentar mientras no se hagan dichos cambios. Ello no es un retroceso, es un avance, en tanto es el ejercicio de su derecho a consulta en el proceso de validación del propio derecho en la legislación nacional. Es democracia en acción, y el gobierno debiera estar satisfecho y brindar en adelante las facilidades para garantizar este proceso.

Está haciendo algo contra Movadef, ¿no?

Está haciendo algo contra Movadef, ¿no?

El problema no es Movadef, ayer se llamó Sendero y mañana tendrá otro nombre, mas bien debiéramos agradecerles por ponernos sobre aviso. El verdadero problema radica en la falta de una mirada analítica de lo que sucedió, en lugar de esa visión de cuento de hadas con buenos y malos que impide entender por qué un discurso violentista puede ser atractivo. Mientras no se comprenda lo que fue Sendero y el sustento de su prédica, será imposible derrotarlo a nivel ideológico, la prueba es que a casi 20 años de la captura de Guzmán, su discurso tiene seguidores.

La incapacidad de muchos adultos (políticos incluidos) de procesar lo que fue el periodo de cruel violencia en nuestro país, hace que dormiten en su mecanismo de negación, mientras las víctimas directas se desgarran haciendo sus duelos, clamando por justicia o hallar los cuerpos de sus seres queridos para elaborar de manera apropiada ese dolor que permanece enquistado.

Algunos dicen que hay que ponerle punto final a ese periodo, otros que ya hay que olvidar, pero lo cierto es que cada persona, cada familia y cada comunidad tienen sus propios tiempos y los debemos respetar. Una crisis emotiva, no es una teatralización Señor Valdez, espero en cambio que Usted y su familia gocen siempre de buena salud mental y que ninguna tragedia se las arrebate. El informe de la CVR es incompleto, faltó tiempo, presupuesto y voluntades, pero no por ello victimiza o defiende a terroristas como asevera uno de los nietos del Amauta José Carlos.

Felizmente, a diferencia del Premier y el conductor de televisión, existen jóvenes que con información y capacidad crítica se oponen a la violencia venga de donde venga. Jóvenes a quienes ocultaron Tarata en su infancia para “protegerlos”, pero que han investigado la historia y saben que un defensor de derechos humanos no protege proyectos autoritaristas ni violentistas, confiando en que habrá una respuesta desde los derecho-humanistas. Pero sobre todo hay jóvenes que construyen su respuesta desde el activismo social y la militancia partidaria. En la última semana han salido a las calles de jóvenes de izquierda, juventudes apristas han desarrollado un foro de debate, el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos Waynakuna Perú se ha pronunciad. Es tiempo que a estas acciones se les sume la construcción de un discurso capaz de hacerle la batalla ideológica al “pensamiento gonzalo" desde los postulados de cada partir, y desde la memoria de los mártires políticos demócratas.

El fujimorismo, el militarismo y parte de la derecha (DBA) trataron de esconder lo sucedido bajo la alfombra para que no les salpicara la culpa. Algunos jóvenes han puesto el dedo sobre la llaga al defender un proyecto como SL, pero de la juventud viene también el rechazo, con conciencia cívica y sed de conocimiento. Es responsabilidad de todos decidir quién será su informante, ¿Movadef?, ¿Aldo Mariátegui?, ¿las escuelas?, parece que cualquier tercero es bueno con tal de no asumir el compromiso. La memoria y la democracia son construcciones colectivas, hace falta cada uno de los peruanos y peruanas para alcanzar esa meta, no como borregos de un bando u otro, sino precisamente con capacidad crítica y compartiendo información.

El Verde pasó de moda

El Verde pasó de moda

Parece que ha transcurrido mucho más de un año desde que el 70% de mis contactos en Facebook lucían pines y fotos llenas de verde-limón-fuerza-socialista, un 20% no se había pintado de verde, pero tenía el corazón contento porque su candidata había ganado, y un 9% renegaba entre dientes sobre los rojos y la caviarada; mientras yo me inscribía en el 1% de mis contactos satisfechos por la jornada democrática, pero no por Villarán.

Hoy, el 50% de mis contactos considera que Villarán es una incapaz que no sabe gestionar, el 40% la defiende, incluyendo trabajadores de la MML, militantes de FS y simpatizantes de izquierda. El 10% guarda expectante silencio, y hoy salgo de ese grupo.

No voté por Susana porque consideraba que ella y su equipo no tenían la experiencia suficiente en gestión local para asumir el reto, así como por características del liderazgo de Villarán que conocía y no quería para mi ciudad. Aun así, me solidaricé frente a la campaña virulenta y el intento de fraude, sin cambiar mi voto (por Somos Perú) y sin ofrecerme de personera, voté sí por FS en mi distrito con la convicción de apoyar a un candidato de diversidad sexual y a un regidor con el que me identifico y a quien he fastidiado ya algunas veces con mis quejas. Debo reconocer que mis temores de inexperiencia en el sector público eran infundados en cuanto a la gestión, pero algo de eso hay en el tema de comunicación con la ciudadanía.

Tal vez el tema de comunicación se relacione con el tipo de liderazgo de la alcaldesa, que pretende ser suave pero firme, pero a la mayoría le suena a que no es ni chicha ni limonada, pese a ser una mujer consecuente. Ella ya era así durante la campaña, la vimos en el debate con Lourdes. ¿Por qué a la mitad de Lima le pareció genial entonces y ahora no? Prometió renovar la Costa Verde y lo está haciendo, prometió organizar el transporte público con el Metropolitano, el tren eléctrico y otros proyectos, y lo está haciendo, prometió afrontar la seguridad de manera intersectorial y lo está haciendo, prometió transparencia y combatir la corrupción y lo está haciendo, prometió cultura, espacios verdes, de recreación y lo está haciendo.

Si no querían nada de eso, entonces ¿POR QUÉ (sapos y culebras) VOTARON POR ELLA? ¿Les convenció el veleidoso de Jaime Bayly?, ¿tanto odiaban a Lourdes?, ¿o fue simplemente una moda?, total, la tía cumplía con tener apellido y calificaba como “GCU”

Entiendo que la revocatoria es un recurso democrático y todo lo que ya se ha dicho. Pero somos tan inmaduros de votar un día porque me gustó la chalina de la señora, y al año cuando hace todo lo que nos dijo que haría y en el estilo que nos mostró durante la campaña, ya no nos gusta y la queremos mandar a su casa. Seamos responsables con nuestra elección y no usemos la revocatoria como mecanismo de berrinche, aprendamos la lección, y pensemos mejor nuestro voto el 2014, en lo personal, a quienes quiero revocar es a los electores.

Nuestros héroes civiles de la democracia III: La dictadura Fujimontesinista y sus secuelas

La dictadura Fujimontesinista y sus secuelas

El 5 de abril de 1992 Fujimori cierra dos poderes del estado y se deshace de sus vicepresidentes convirtiéndose en dictador. Los primeros en reaccionar (al igual que en hechos históricos anteriores) son los congresistas y políticos de las demás tiendas partidarias, sin embargo con la conformación del mal-llamado Congreso Constitucional Democrático esta trinchera de resistencia se amenoró, al tiempo que las demás organizaciones civiles estaban ya debilitadas producto del conflicto armado interno, lo que permitió al fujimorismo emprender una cacería de brujas a sus detractores tildándoles de terroristas, aniquilándolos con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.

En el escenario descrito, alzar la voz implicaba un riesgo real y mortal, como lo atestiguan los campesinos de El Santa que denunciaban los abusos de una empresa, el periodista de oposición Pedro Yauri, o Keneth Anzualdo que apoyó la denuncia de su condiscípulo desaparecido forzosamente, y otros tantos que recordamos solidarizándonos con sus familias, pero no siempre admirándolos en su heroísmo. También hubo héroes y heroínas que sobrevivieron. Deseo detenerme aquí en el reciclador Justo Arizapana testigo clave del Caso Cantuta. El actuar del Señor Justo demuestra un civismo y conciencia ética realmente ejemplares que debieran ser motivo de análisis y reflexión, en especial en la formación de ciudadanos.

Explorando rápidamente algunas características del Señor Justo encontramos:

A) Información de lo que sucedía en el país, más allá del sensacionalismo que entonces imperaban, por lo que sabía del Caso Cantuta.

B) Juicio crítico sobre la información que consumía, lo que le permitió entender que se estaban produciendo asesinatos por parte de las FFAA.

C) Conocía las características de la zona donde trabajaba, lo que le permitió saber que colindaba con zona militar.

D) Sólida formación ética con valores como la solidaridad y el respeto por la vida, lo que le hizo preocuparse por saber lo que sucedía, en contraste con la indiferencia o el afán de morbo imperantes en la sociedad.
E) Conocía los mecanismos legales alternativos en contextos adversos, lo que le llevó a encontrar cómo para hacer saber lo que ocurría, portando pruebas.

F) Capacidad para identificar aliados y establecer relación con ellos, desde el amigo que le presentó al congresista, hasta los propios congresista y periodista.

G) Un desarrollado sentido de la justicia, que junto con sus otros valores éticos le hicieron comprender la importancia de denunciar, más allá de los legítimos temores y riesgos existentes.

Él empleó estas siete competencias de manera interdependiente, una sola aislada no hubiera bastado, el saber escribir y dibujar fue algo complementario en su ejercicio de ciudadanía, en el que estas habilidades fueron cruciales para que 10 familias supieran el paradero de sus seres queridos y que un país pudiera cohesionarse frente a un dictador y luego sentarlo en el banquillo, convirtiéndose en un ejemplo para la comunidad internacional.

Todo ciudadano y ciudadana, más allá de sus simpatías o ideologías políticas, o si ejerce un liderazgo debiera tener estas mismas capacidades. Ahora que el MINEDU piensa impulsar la formación ciudadana, habría que garantizar que los estudiantes no solo memoricen fechas de guerras, sino que puedan poner en práctica competencias similares a las del Sr. Justo.

Nuestros héroes civiles de la democracia II: La gesta de los partidos de hoy

La gesta de los partidos de hoy

Si algo tenían en común las dos fuerzas que llegaron a la segunda vuelta el 2011, era su reiterativa diferenciación respecto de los “partidos tradicionales”. La mayoría entendemos por partidos tradicionales a aquellos fundados y forjados el siglo pasado: AP, PPC, APRA, IU y los partidos de izquierda que este último aglutinó. Les llamamos tradicionales pese a su corta existencia, ya que ignoramos sus orígenes, y las vidas que ello costó.

Es irónico que dos gobiernos apristas no hayan sido capaces de incorporar en el currículo y textos de historia la lucha que sus militantes de antaño (aquellos que se consideraban a sí mismos revolucionarios y de izquierda) desarrollaron para defender su ideología frente a un régimen antidemocrático. Enfrentaron persecución y asesinatos a mártires que no debieran ser solo de un partido cuya cúpula traicionó los ideales por los que entregaron sus vidas.

Cada peruano debería conocer el asalto a Trujillo y el fusilamiento sin preguntas de casi un millar de trujillanos pedestres contra los muros de Mansiche y la ciudadela de Chan Chán así como sus nombres). Deberíamos conocerlos y apropiarnos de los principios por los que dieron la vida, reivindicándolos ya que su partido solo les reivindica hacia adentro, pero hacia fuera ha pisoteado sus cadáveres al aliarse con sus verdugos, opositores políticos y dictadores como Fujimorismo, vendiéndose a precio de oferta al imperialismo.

Aquellos apristas, antes que apristas fueron peruanos, que creían en la democracia, el poder popular, la revolución y la distribución equitativa de la riqueza y el poder, y entregaron sus vidas por la defensa de una ideología, un partido y un líder que defendían dichas creencias. Hoy, les quieren condenar al olvido al monopolizar su memoria, como si ellos hubieran muerto por la tesis del “Perro del hortelano” de García o por el remedo de partido que es hoy el APRA.

No propongo tragarnos un sapo, propongo revisar un hecho histórico en su contexto y aprender de sus verdaderos actores, no de quienes hoy han secuestrado su memoria para constituir una cúpula que desarrolla la antítesis de los ideales de los héroes y heroínas de las gestas trujillanas.

La falta de cuadros técnicos del sector público

Desde que Weber creó el término de “burocracia” para referirse a la estructura organizativa instalada en los aparatos de gobierno, existe una percepción negativa respecto a su desempeño, considerado ineficiente y conformado por personal desactualizado, flojo y/o politizado. Parte de la lentitud e ineficiencia va más allá de las personas, y responde a procedimientos que, tratándose de manejo de recursos públicos, deben ser mucho más rigurosos, lo que establece un piso mínimo que limita las posibilidades de acelerar ciertos procesos. La otra parte recae en los funcionarios.

Malos y buenos trabajadores existen en todas las instituciones, para potenciar a los buenos y restringir a quienes no se adaptan al puesto, se establecen mecanismos de ingreso, salida, incentivos y sanciones de diversa graduación. Estos mecanismos están ausentes en el sector público. Sustentaremos por qué.

En toda organización pública o privada existen cargos de confianza cuya designación responde a criterios que van más allá de los conocimientos y competencias (sin excluirlos), e involucra valores, afinidad e ideología. Es legítimo y necesario que un gobierno al ingresar coloque a gente que comparta su visión de país en puestos claves, es la única manera de implementar la forma de gobierno que el pueblo eligió.

Aquí se generan dos tipos de confusiones: a) Incorporar a partidarios, amigos, familiares en cargos técnicos que no son de confianza, pese a no cumplir los requisitos para el cargo; b) Intentar “reciclar” a personas porque tienen el know-how, sin advertir que dicha experiencia puede estar impregnada de formas incompatibles con los cambios que se desea implementar. Esto lleva a generalizaciones y prejuicios contra todo militante que llega a un puesto público, lo cual es injusto para quienes sí tienen las competencias necesarias.

Pese a la inestabilidad laboral de los trabajadores públicos, en su mayoría contratados por Servicios No Personales (SNP) y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), o en planilla bajo regímenes creados para el sector privado (728 y 276), no hay causalidades de salida estandarizadas, pudiendo permanecer en el puesto alguien no idóneo con los contactos necesarios, por no hablar de quienes cuentan con un nombramiento y se consideran intocables.

En cuanto a las sanciones, éstas se entorpecen con la corrupción y la coexistencia de más de cinco regímenes laborales, además las comisiones de procesos administrativos internos suelen no darse abasto, resultando en impunidad. Tampoco existe una política de incentivos, y la cultura organizacional dicta que al que es eficiente se le encarga más trabajo, y al que no lo es, se le excluye para “aburrirlo” lo que termina fomentando la fuga de talentos fuera del sector público.

Por ello no basta con reconocer los derechos laborales de los trabajadores del sector público, sino cambiar todo el sistema con mecanismos de ingreso, permanencia, incentivos, sanciones y salida justos, basados en la meritocracia y la generación de cambios en la cultura organizacional que atraigan y retengan a los mejores trabajadores al sector público, después de todo, son estos funcionarios quienes deben hacer realidad las demandas del pueblo.