No es un genocidio, pero se le parece (demasiado)

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El enfrentamiento en la Curva del Diablo fue la trágica forma en que muchos peruanos nos enteramos de la existencia de los pueblos awajún y wampis, y de su lucha por sobrevivir. Entonces, con menos redes sociales que hoy, se logró comunicar en tiempo real con la radio La Voz de Bagua[1] como principal fuente de información. La indignación se tradujo en las calles limeñas, lo que significó la presión suficiente para la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1090, publicados en 2008, denominados “Ley de la Selva” y que permitían la explotación de sus territorios sin su consentimiento previo e informado.

Algunos años después, hacia el 2014, el Ministerio de Educación tomó conocimiento directo a través de memoriales enviados por Apus, de las violaciones a niñas y adolescentes awajún, perpetradas por sus propios profesores.

Esta violencia llevaba años ocurriendo, pero llegó a un punto de inflexión que motivó esta denuncia desde las propias comunidades, exigiendo justicia, el retiro de los malos elementos, y el apoyo a las adolescentes convertidas en madres producto de la violencia sexual.

Pasaron 10 años más, y el problema de la violencia sexual contra estudiantes awajún alcanzó relevancia mediática. Fue la segunda vez que al resto de peruanos supo de este pueblo… quizás la primera vez para muchos.

A la contaminación, la represión y abandono y violencia sexual, se agrega una alta prevalencia de VIH y SIDA, y de embarazos forzosos, además de las autolesiones e intentos de suicidio (respuesta cultural a la violencia). Esto lo demuestran estudios como el de Lazo, LLacsahuanga y León[2] y de Guevara[3], y que han sido reiterados por casuística por la lideresa Rosemery Pioc a inicios del 2025: “tres menores, estudiantes de un mismo colegio, que intentaron quitarse la vida. Dos de ellas fueron atendidas a tiempo. “(La menor que murió) denunció, y la familia ha ido encima de ella y, en presencia de los padres, la volvieron a violar.”[4]

Recientemente la Corte Superior de Justicia de Amazonas retiró la defensa legal de los líderes indígenas acusados por los sucesos en la Estación 6 de Petroperú ocurridos el 5 de junio de 2009. Esto se ha dado bajo la Ley N.º 32301 Ley APCI que restringe el derecho de defensa legal de las ONG de Derechos Humanos en casos que se litigue contra el Estado a nivel nacional e internacional. Se ha dado unos cuantos días para que los acusados busquen nueva defensa legal.  

La acusación inicial fue contra 25 líderes indígenas; sin embargo, durante el dilatado proceso penal, muchos de ellos han fallecido por diversas enfermedades , entendiendo que el proceso se ha dilatado más de 15 años.[5]

Y es que, sea por la contaminación, por la presencia de actividades ilegales (minería y tala ilegal, narcotráfico), por la epidemia de VIH y SIDA, o por las violaciones sexuales, las vidas awajún, y por ende la supervivencia de este pueblo está en riesgo.

Toda esta problemática, no debería tener necesariamente consecuencias mortales, si el Estado peruano cumpliera con su deber de brindar un servicio de salud de calidad, implementar la educación sexual integral, limitar las actividades delictivas y garantizar el acceso a justicia de las niñas y adolescentes víctimas, así como de los líderes indígenas acusados.

Ciertamente para hablar de genocidios, se requiere que se hayan desarrollado actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal[6]. Es difícil determinar que la inacción estatal sea simple desidia o si tiene un trasfondo intencional. Sin embargo, algunas interpretaciones como la realizada por la propia Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), admiten que la omisión deliberada por parte del Estado puede constituir genocidio, si se prueba dicha intención o conocimiento. También se puede mencionar interpretaciones contemporáneas como la del "genocidio por goteo"

Al respecto, destacaremos la denuncia contra Jair Bolsonaro por cometer un genocidio contra el pueblo Yanomami, luego de conocerse las más de 570 muertes de niños menores de cinco años en Brasil[7]. Este caso se origina por la actividad de la minería en territorio Yanomani, y los efectos sanitarios de la desforestación, contaminación, así como situaciones de violencia sexual y adopciones ilegales[8].

Siguiendo esa línea, algunos juristas han analizado cómo la violación puede ser entendida como genocidio, integrando el daño individual y el grupal. El caso Akayesu (Ruanda, 1998) es emblemático en ese sentido, ya que ahí se reconoce que las violaciones contra mujeres Tutsis no solo atentaron contra la autonomía individual, sino también contra la destrucción del grupo étnico.[9]

Si hay una complejidad de amenazas mortales contra un pueblo, de las que el Estado conoce hace más de una década, sin acciones eficientes para salvaguardar la integridad de las mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes awajún, ¿no será también genocidio?


[1] Esta radio fue cerrada por el gobierno peruano después de los sucesos de Bagua, acusada de apoyar la rebelión, pero luego fue autorizada a reabrir.

[2] Lazo, R, LLacsahuanga, R. y León, E. (2017) Desenrollando la madeja de la impunidad. En: https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6043

[3] Guevara, Willy (2019) La muerte como recurso: Violencia y género en la cultura awajún. En:  https://repositorio.grade.org.pe/handle/20.500.12820/557

[6] Definición oficial de genocidio según la ONU: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23736.pdf

 

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