Debe entenderse la crisis
sanitaria más allá de la actual pandemia por COVID-19, considerando tanto
el escenario pre-pandémico, como el post-pandémico. Ya en el 2019, el sistema
de salud peruano estaba colapsando: infraestructura insuficiente e inadecuada,
brechas de cobertura urbano/rural, indígena y a poblaciones en vulnerabilidad,
déficit de recursos humanos y una gestión centralista atacada por la
corrupción. Inmersos en enfrentar otros problemas sanitarios, incluyendo tasas
inaceptables de TBC, anemia, embarazo adolescente, mortalidad materna,
presencia de VIH/SIDA con prevalencias en les más vulnerables, comunidades
sufrie
ndo las consecuencias de la contaminación ambiental, y un plan nacional
de salud mental que debió implementarse al cerrar el periodo del conflicto
armado interno.
Ese era el escenario pre
pandémico, del cual solo se ha avanzado parcialmente en infraestructura y equipamiento.
Al ya escaso recurso humano, sobre todo especializado, se debe incorporar los
lamentables decesos de personal sanitario, y el estancamiento en la formación
de nuevos profesionales producto de la suspensión de clases presenciales en
universidades e institutos. Aun no conocemos totalmente las secuelas a mediano
y largo plazo en sobrevivientes del COVID-19, pero sí la certeza que el tiempo
de encierro, los duelos no elaborados, y las múltiples pérdidas materiales y
simbólicas desencadenarán secuelas en la salud psicológica, que se pueden
expresar en problemas de los espectros de ansiedad y depresión, como en
comportamientos de riesgo, adictivos y agresivos, incluyendo un probable incremento
de violencia contra niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores
familiar y basada en género.
La crisis económica
también tiene un antecedente. No se trata solamente de las secuelas del cierre
de actividades por el coronavirus. La temporada de bonanza ya había terminado en
el gobierno de PPK, pero más importante que ello, el sistema era tan precario
como una vivienda de calaminas al borde del río. La buena noticia era que había
un ahorro, la mala es que nos volvimos a endeudar. Las deficiencias
estructurales en los servicios básicos de saneamiento, electricidad, transporte,
sanidad, educación, e internet, que no era considerado esencial, así como la
precariedad laboral presente incluso en el mismo estado, la informalidad, y los
millonarios evasores de impuestos, todos pre-pandémicos, fueron afectados por la
crisis sanitaria y las medidas para contenerlas, como la crecida del río que
termina colapsando la casa de calamina. Así llegamos al mayor golpe a la clase
media desde el primer gobierno de AGP.
Nótese que muchas de las
restricciones tienen como finalidad evitar el colapso del sistema sanitario,
por ello es por lo que se ha requerido reiteradamente restringir los eventos
presenciales. Además, la adaptación a la virtualidad aún no supera las brechas
de alfabetización digital y de conectividad rural, pero también periurbana. Dos
años con estudios remotos en la gran mayoría de instituciones de educación
básica y superior, repercutirán en la empleabilidad y productividad de nuestro
bono demográfico, por no redundar en los efectos en el bienestar de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, que serán parte de las secuelas psicológicas ya
mencionadas. Estas secuelas y las fisiológicas sanitarias, también repercutirán
en las economías familiares y en la economía familiar, como lo han hecho las
trágicas búsquedas de oxígeno.
Al igual que las otras dos
crisis, la política, y el enfrentamiento entre los poderes del estado
(ejecutivo y legislativo), lleva al menos un quinquenio, mientras que el
centralismo y la hegemonía de poderes fácticos e intereses particulares que se
imponen a las necesidades colectivas y ciudadanas, llevan varias décadas sin
ser resueltas. Existe un debate sobre la urgencia de cambiar las reglas de
juego, la Constitución, pero el dilema de fondo es si quienes ostentan un lugar
de poder y privilegio están dispuestos a hacer un juego limpio.
Puede ser disonante el
equivalente al inicio del artículo al equiparar el anhelo de más amor a la
resolución de la crisis política, pero lo cierto es que mucho de lo que nos ha
traído hasta este punto es una política de la revancha, de ideologías de odio
como el clasismo, el racismo, la misoginia y la homofobia, de confesiones y
credos llevados al fanatismo y al fundamentalismo, de una negativa a reconocer
los errores y delitos, y resarcirlos acorde a la ley. La conveniencia
individual ha desplazado totalmente a la noción del bien común, que a su vez se
fundamenta en valores como la justicia y la caridad (aquí, amor).
Los propósitos para este 2022 implican enfrentar estas tres crisis desde la implementación de las políticas públicas como el Plan Multisectorial de Salud, el Proyecto Educativo al 2036, el Plan contra la violencia hacia la mujer, recuperar el Plan Nacional de Salud Mental, las políticas de infancia y adolescencia, de interculturalidad y de pueblos indígenas, la atención a la población afroperuana, con discapacidad LGTBIQ+ y otras invisibilizadas.
Una implementación que trascienda los intereses particulares y que cuente con presupuesto. Los bonos individuales son rentables políticamente, pero es ponerle una alfombra a la casa de calaminas, en vez de reubicarla y emplear un material resistente para reconstruirlas. Ello significa restituir y fortalecer los derechos laborales enajenados por la informalidad y la precariedad, con el estado en primera fila, a la par que se brindan servicios públicos de calidad. Pero sobre todo se necesita que la clase política dejen sus mezquindades e intereses privados, para ponerse realmente al servicio de la población, tanto ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos regionales y gobiernos locales.
Difícil en año electoral, improbable, pero no imposible.
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