Han pasado ya algunas semanas desde el escándalo
suscitado por las “filtraciones al SIS”, y la distancia temporal permite hacer
algunos análisis. Antes de ello, precisar el contexto del “escándalo”: Por un
lado, un sistema de salud colapsado no por este gobierno, ni por el anterior,
sino que viene arrastrando graves problemas al menos desde el primero gobierno
aprista y los noventas; y por otro lado, una clara intención de la oposición de
petardear a la actual ministra. Dibujado el paisaje general, corresponde
revisar las situaciones mediáticamente criticadas a la implementación del
Seguro Integral de Salud.
En un funcionamiento ideal del sistema de salud
pública, con la recaudación efectiva de impuestos y la gestión eficiente de
dichos recursos se debería ofrecer un servicio de salud óptimo para todos y
cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas, más allá de su condición de
pobreza o riqueza.
Ya sabemos que estamos muy lejos de dicho ideal,
pero en esa situación esperada, la Sra. Sheyla, o cualquiera con un ingreso,
incluso mayor a los 30mil soles que pague sus impuestos tiene derecho a la
atención pública.
Lo que viene sucediendo en el país (y en muchos más),
es que la atención es tan deficiente, que quienes tienen algún ingreso
económico superior a la situación de pobreza, optan por acudir a un servicio
privado, que va desde ofertas municipales hasta grandes clínicas
internacionales, pasando por falsos médicos e instituciones sin licencia. Es la privatización de la salud, ya sucedió, y no nos enteramos.
Consciente de sus limitaciones en la oferta de
servicios, y para garantizar la salud de la población en mayor vulnerabilidad,
es que el Estado genera el SIS, aún con una cobertura limitada en cuanto a los
problemas de salud tratados, como cáncer, salud mental, etc. Por ello se
establecieron algunos parámetros para hacer un mejor uso del recurso público a
sectores empobrecidos y vulnerables.
En ese sentido, aunque nuestro caso de análisis
(Sheyla) tiene derecho a recibir un servicio de salud pública, no es legal que
ejerza ese derecho a través del SIS. O sea tendría que pagar por aquellos
servicios de salud como cualquiera que va a un hospital del MINSA y tampoco
tiene seguro. Aunque quizá, algún abogado constitucionalista y/o especializado
en derechos humanos pudiera demostrar lo contrario en una demanda al Tribunal
Constitucional.
El otro caso que se mediatizó fue la afiliación de
reos por delitos de lavado de activos y corrupción. Es decir, con solvencia
económica. Si bien esto parece contradecir el sentido del SIS, está ajustado a
derecho y a ley. El derecho a la salud no se suspende con la privación de la
libertad, un claro ejemplo es el reo Fujimori, quien es llevado en movilidad
estatal cada vez que requiere ir a la clínica donde se atiende, e incluso ha
sido atendido reiteradamente en Neoplásicas, que es una entidad pública. Considerando
que la mayoría de reos, al no producir económicamente no están en capacidad de
pagar una clínica privada como el Sr. Fujimori, es que el SIS incluye a este
grupo poblacional entre los de mayor vulnerabilidad y garantizar su derecho a
la salud. Quizá esa norma necesita una modificación para excluir a los reos que
tienen solvencia económica, pero eso tendría que sustentarlo también algún
profesional en derecho.
Lo anecdótico de estos casos debe tomarse como un
síntoma más de la crisis en el sector salud. El parchar el vacío de la
capacidad de atención integral y nacional, con recursos específicos a través de
un seguro con cobertura limitada a determinadas dolencias, y que va sumando de
a pocos a distintos grupos vulnerables (según su capacidad de agencia y
demanda), no solo por su situación de pobreza, sino de exclusión,
discriminación y victimización, no está funcionando.
Es tiempo de repensar todo el sistema, no solo el
SIS, poniendo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia del gasto
público al servicio del derecho a la salud.
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