Más allá del agua

La multitudinaria marcha del viernes 10 de febrero ha buscado llamar la atención sobre la importancia de preservar el agua frente a la contaminación de las actividades extractivas. Sin embargo, el problema del agua va más allá del extractivismo, y los conflictos no son solo por agua.

El peligro de establecer una relación unicausal –como han sido algunos discursos- es que puede llevar a pensar que una alternativa ecológicamente responsable bastaría para dar pase libre a la minería, lo que podría generar nuevas violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales, solo que sin el apoyo de los ecologistas.

Vayamos al principio. Europa había agotado sus recursos y España tenía bloqueada su ruta de comercio, buscando una nueva vía encuentra tierras más extensas y ricas, pero en vez de establecer intercambio comercial con ellas, las invadieron para explotar tanto los recursos naturales como humanos, desarrollando por siglos una relación de dominación colonial que penetró las mentes de los dominados hasta hoy. Inglaterra siguió el ejemplo, pero al cometer exterminio, le faltó mano de obra, iniciándose el secuestro personas africanas para esclavizarlas. El modelo de “colonia” se extendía sembrando pobreza y muerte en los pobladores originarios de África y América. Posteriormente, los movimientos independentistas en las Américas fueron liderados por criollos y mestizos que perseguíanr un orden económico y político que les favoreciera, pero sin dejar de lado su desprecio endoracista por indígenas y afrodescendientes, continuando los abusos, genocidio y violación de derechos a estos grupos étnicos.

Tras la segunda guerra mundial y el holocausto, el mundo reflexiona sobre los derechos humanos y el racismo, notando que se cometieron graves crímenes contra afrodescendientes e indígenas, por lo que los estados –incluido el peruano- se comprometen a garantizar la subsistencia de los pueblos sobrevivientes y a reparar el saqueo, tortura, esclavitud y genocidio, si acaso tamaña barbarie puede ser compensada.

Retornando a las actividades extractivas, estas ponen en peligro la subsistencia de los pueblos indígenas, así cumplan con conservar el agua, ya que siempre habrá impacto ambiental sobre sus fuentes de alimentación y producción, o se requerirá desplazamiento territorial. Algunos señalan que ello es relativo porque la minería traerá nuevos ingresos y productos alimenticios, pero más allá de que eso no es sostenible, son los propios pueblos originarios quienes deben decidir el estilo de vida que quieren, y no imponérselos una vez más.

El Convenio OIT-169 reconoce el derecho a la consulta para todo lo que afecte a los pueblos indígenas, y al consentimiento previo para los casos en que peligre su subsistencia, entendiendo como parte de ella sus costumbres y sistema económico. La necesidad de la ley de consulta (y su reglamentación) es implementar algunos de los derechos reconocidos por este convenio y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, sin embargo, algunos graves errores en su redacción ponen en peligro que se cumpla con el objetivo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas: garantizar su subsistencia y reparar los crímenes cometidos.

Entre el 13 y 15 de febrero las principales organizaciones indígenas nacionales se reunieron para consolidar el proceso de revisión de la propuesta de reglamentación de la ley de consulta que inició hace tres meses con eventos macro-regionales. Las poblaciones indígenas no habían tenido tiempo de revisar en profundidad la ley hasta entonces, y saludaron su dación como un gesto positivo en relación con la actitud de gobiernos anteriores. Este proceso les ha permitido observar que la ley requiere modificaciones y así lo expresaron de manera unánime, mientras que la mayoría consideró que no se debe reglamentar mientras no se hagan dichos cambios. Ello no es un retroceso, es un avance, en tanto es el ejercicio de su derecho a consulta en el proceso de validación del propio derecho en la legislación nacional. Es democracia en acción, y el gobierno debiera estar satisfecho y brindar en adelante las facilidades para garantizar este proceso.

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