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El 17 de abril los deudos, familiares de víctimas
del conflicto armado interno marcharon una vez más reclamando sus derechos
¡Cómo es que un país que tiene un Informe de la CVR, un Acuerdo Nacional, una
Comisión Multisectorial de Alto Nivel, un Registro único de Víctimas y Planes
Nacionales sectoriales que incorporan las recomendaciones de la CVR (PNDHH, PEN
y PNSM) y un estrenado Viceministerio de Derechos Humanos tiene desatendidos a
dos casos emblemáticos del terrorismo de SL y el Estado como Luccanamarca y Putis?
Más aún, no se refleja una intención, una verdadera
voluntad política de combatir los factores que produjeron la violencia, mucho
menos para apaliar sus consecuencias.
Quizá la CVR no fue lo suficientemente enfática
cuando dijo que el 75% de víctimas tenía por lengua materna, una lengua
originaria. Quizá la influencia leninista y mariateguista en la izquierda nos
hizo perder de vista (indígenas incluidos) el factor étnico y de identidad por el énfasis excesivo en lo económico y
clasista. O tal vez, simplemente Mamá Angélica no es Rigoberta Menchú.
Guatemala se tomó en serio los resultados de su
comisión de la verdad como políticas concretas. No es que hayan res un respaldo
unánime de los guatemaltecos al informe, tampoco es que se hayan superado las
brechas que afectan a la población indígena, mucho menos que dicho país esté
libre de conflictos. Sucedes simplemente que los sucesos de violencia que les
llevaron a la firma de los Acuerdos de Paz, trascendieron dicho documento en
políticas públicas específicas presupuestadas, llegando incluso a calcular el
costo de la discriminación. Les invito a pasearse por las páginas oficiales del
gobierno guatemalteco, en especial de educación bililngüe intercultural.
Pero en nuestro Guate-Perú, nos hemos sentado sobre
la mayor tragedia de los últimos tiempos, y seguimos adelante sin el menor
respeto por nuestros hermanos asesinados… Luego, nos preguntamos que pasa en el
VRAE como una cosa ajena que no se sabe de dónde surgió, al tiempo que se
mantiene la distancia emocional de lo que allí ocurre, menospreciando
peligrosamente aquellos procesos.
Pero si sacamos bien la cuenta desde las
guerrillas, esa zona lleva en permanente conflicto cincuenta años: hablamos de
al menos dos generaciones que lo ven como parte natural de su vida, es natural
la violencia, pero también la exclusión y ausencia de estado, las políticas
actuales dicen priorizar dicha zona, sin embargo aún no se logra llegar. Quienes
sí llegan, llevan un discurso político de violencia, chato, trasnochado, como
quiera llamársele, pero discurso al fin, enclavado en una realidad que solo ha
cambiado en las últimas décadas con la inserción de la producción vinculada al
narcotráfico como única salida económica viable, incluso a pesar del riesgo. Mientras,
el Estado Peruano asume la responsabilidad del consumo de cocaína estadounidense
haciéndole caso a Washington DC, en vez de que dicho país cuide el consumo de
sus ciudadanos, y entonces, bajando la rentabilidad del narco-negocio, vamos
ofreciendo otras alternativas a nuestros ciudadanos, y a ver si no seguimos
perdiendo más generaciones condenadas a la violencia estructural, la violencia de represión al narcotráfico y la
violencia del propio narcotráfico y sus sicarios ideologizados (por no decir
narco-terrorismo).
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