Despenalización del aborto y pena de muerte
Han ingresado al debate electoral dos temas que hablan sobre la sexualidad, la vida y la muerte: la despenalización del aborto y la pena de muerte para quienes cometen violación sexual. Mucho del debate parte de la desinformación, así que viene bien esclarecer algunos conceptos.
Aborto: Nuestra legislación contempla el aborto terapéutico (peligra la vida de la madre), el eugenésico (malformaciones incompatibles con la vida extrauterina; pero no discapacidades) y en caso de violación (los dos últimos de reciente ratificación). La Iglesia Católica acepta lo que llama “aborto indirecto” (terapéutico) y cuando el feto muere en el vientre materno; aunque Cipriani parece no leer los comunicados del Vaticano. Hay tres condiciones que impiden la implementación de esta norma: la negación del MINSA para aprobar y difundir el protocolo (ya elaborado con sociedad civil), el accionar de grupos de médicos católicos que anteponen su derecho confesional al derecho a la vida de sus pacientes, y el temor del personal de salud que desconoce las leyes a ser enjuiciados. Actualmente muere una de cada tres mujeres peruanas que se someten a abortos inseguros, que son a los que pueden acceder en este contexto de penalización del aborto. Existe un trasfondo de injusticia social, exclusión e inequidad, pues las mujeres con dinero se practican abortos en buenas condiciones, mientras las empobrecidas, de ascendencia indígenas y afroperuanas engrosan las cifras de mortalidad y morbilidad materna.
Pena de muerte: Nuestro sistema de justicia busca la reinserción del individuo que comete un delito a la sociedad, y por tanto solo en casos extremos se prevé la cadena perpetua en caso el sujeto sea un peligro para la sociedad. Entonces, la pena de muerte solo tiene sentido como sanción, y para algunos, como disuasivo, pese a que en los países donde existe esta pena, los crímenes así sancionados no han disminuido. Ello en parte porque esta pena es usada generalmente contra asesinatos múltiples o seriales, violación de menores, violación seguida de asesinato, así como traición a la patria durante guerra, que es el único caso que contempla la Constitución peruana. Excepto este último caso, quienes cometen dichos crímenes padecen de desórdenes de personalidad y ajuste a la sociedad que guían sus acciones; son capaces de diferenciar el bien del mal (no son inimputables), pero una norma no les disuade.
En conclusión, el rechazo al aborto se relaciona con la defensa de una confesión, pero además con un doble discurso, pues los sectores más conservadores que se oponen a las formas de aborto que contempla el estado peruano, son aquellas que acceden a abortos en clínicas privadas. El aborto terapéutico y el eugenésico se enmarcan en la defensa de la vida de la madre, que de sobrevivir puede gestar a otro bebé saludable. El aborto en caso de violación se enmarca en una defensa de los derechos sexuales y a la integridad física y psicológica de la mujer, a quien al menos debiera restituírsele un derecho: decidir si continúa o no con un embarazo al que fue forzada; caso distinto de una mujer pudiente que por negligencia en el uso de anticonceptivos acude a una clínica para evitar “el qué dirán” o no “arruinar su futuro”.
Si la pena de muerte no es un disuasivo eficaz, ¿cuál es la motivación para impulsarla? Para muchos es un deseo instintivo de infringir dolor a quien lo ha causado, una indignación encaminada hacia la venganza antes que a la justicia, que quienes tienen recursos emocionales, espirituales y/o de información debieran estar en capacidad de encausar hacia la justicia, el estado de derecho y el respeto a la vida. Todos los políticos saben que de acuerdo a los tratados internacionales es imposible incorporar la pena de muerte, mejor dicho, saben que para incluirla se debe salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa conveniente para aquellos con un pasado político sangriento.
Ahora tiene sentido que quienes se oponen a la despenalización del aborto por violación, promuevan la pena de muerte a violadores. No es un discurso construido legal o moralmente. Es un intento de sintonizar con la hipocresía limeña y la indignación tanática de la población. Un intento populista de ganar votos y de paso garantizar impunidad a su régimen.
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