No se ha hablado lo suficiente sobre el peligro para la memoria histórica que representa el Proyecto de Ley N°904. Como se sabe, el Presidente Castillo dejó pasar la oportunidad de observarlo, por lo que en cualquier momento puede ser promulgado por el Congreso de la República, atentando el derecho de niñas, niños y adolescentes a una Educación Sexual Integral, al desarrollo del pensamiento crítico y a conocer la historia para construir una memoria sobre los hechos de violencia en el país.
Nuestro pasado reciente se encuentra en una permanente “batalla” por la memoria, donde tanto los protagonistas en conflicto, como la ciudadanía que resistió los embates buscan dar significados a más de veinte años de violencia fratricida en nuestro país. Violencia iniciada por los grupos alzados en armas (aquí terrorismo), y que tuvo en las fuerzas del orden y los gobiernos de turno una respuesta que incluyó crímenes como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales[1].
De los tres gobernantes que enfrentaron la violencia, el tercero usó el miedo
al terrorismo y a la crisis económica para implantar un gobierno autocrático,
disolviendo el Congreso y creando una nueva Constitución, que entre otras cosas
le permitió vender corruptamente bienes públicos y cometer otros actos
ilícitos.
El tercer gobernante es también el único que purga condena
por ser autor mediato de dos masacres, dos secuestros, actos de corrupción, usurpación
de funciones y compra de medios de comunicación.
También es el único con un movimiento político que lleva su
apellido, y cuya hija ha intentado tres veces ser presidenta a partir del uso
de la memoria reivindicativa que su partido ha creado a través de la mesiánica
figura de Alberto Fujimori. Pero precisamente ella no ha podido ganar porque la
mayoría de la población guarda una memoria real de lo que representó el
fujimorismo.
Ese mismo actor en disputa por la memoria hoy tiene un socio
ultraconservador, el heredero de su viejo socio del partido Solidaridad
Nacional: Renovación Popular.
Estos socios intentaron cambiar la historia hace un año
aduciendo que hubo fraude, cosa que la Fiscalía ha sentenciado que no existió,
y que ellos mismos han sido incapaces de demostrar, pese a crear una costosa
comisión investigadora en el legislativo.
Hoy también pretenden cambiar la historia al decir que
el gobierno de Merino fue legítimo y que no hubo exceso de fuerza contra la
juventud que protestó, negando así la culpa en las muertes de Inti Pintado y
Bryan Sotelo.
Son expertos en crear posverdades, como que existe una “ideología
de género” para impedir que en la escuela se traten temas preventivos en sexualidad, atemorizando a las personas con una supuesta homosexualización de las infancias.
Son los mismos que presiden la Comisión de Educación y
crearon el Proyecto de Ley N° 904 que exige que las organizaciones de familias
ajenas a las APAFA revisen los materiales educativos en áreas que incluyen las
áreas de Personal Social, Desarrollo Personal, Cívico y Ciudadano, que es donde además de la Educación Sexual Integral, se abordan temas históricos, ciudadanos, de formación ética y pensamiento
crítico.
Pretenden imponer un pensamiento único, y seguramente así
como ya las organizaciones de Con-Mis-Hijos-No-Te-Metas están listas para empezar a censurar los materiales desde su pensamiento religioso
minoritario, también las fuerzas ultraconservadoras están listas para reescribir nuestro pasado reciente, con
evidentes fines políticos.
Es verdad que no se habla aún lo suficiente en la escuela
sobre nuestro pasado reciente. Es verdad también que no hemos resuelto la forma
de denominarlo, conviven términos como violencia política, terrorismo y
conflicto armado interno, que en realidad son tres aproximaciones desde
diversos énfasis para referirnos a lo sucedido. Pero también es verdad que hay
cientos de maestros y maestras que con apoyo del material educativo público,
privado y de algunas iglesias hacen el esfuerzo por construir memoria con sus
estudiantes, y existen miles de jóvenes nacidos este siglo que conocen lo
sucedido gracias a esos maestros y maestras.
¿Qué haremos como ciudadanía?
¿Daremos la batalla como las veces que la historia reciente lo ha requerido?
¿O dejaremos que nuevas
posverdades se apoderen de nuestro presente?
[1]
DISCLAIMERS:
Uno.- También hay una intención de reescribir la
historia de parte de simpatizantes y remanentes del MRTA y SL. Y aunque algunos
de ellos pueden tener una mínima capacidad de incidencia, lo cierto es que hoy
no ostentan poder, y por lo tanto el mayor peligro está en los actores del
conflicto que sí tienen un poder real en el país hoy.
Dos.- Nos centramos en el fujimorismo, pero también
Acción Popular tiene una cuota de responsabilidad por la primera respuesta
desproporcionada y política de tierra arrasada, y una facción de dicho partido está
en el poder hoy, y es cómplice del fujimorismo, pero explicarlo excede los
fines de este artículo por la complejidad al interior de dicho partido.
Tres.- El APRA también es responsable de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y del llamado Comando paramilitar Rodrigo
Franco, pero aunque cercanos al poder, no son líderes visibles ni los
principales beneficiados de esta disputa por la memoria que se centra alrededor
del fujimorismo.
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