Según el
diccionario, incluir significa “poner algo dentro de otra cosa”, mientras que la
Unión Europea define la inclusión social como un "proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión
social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel
de vida y bienestar que se considere normal
en la sociedad en la que ellos viven". Ciñéndonos a este concepto, la
inclusión podría promover estrategias contra la discriminación y falta de poder,
ya que esta se mediría también en lo político-legal y social-relacional.
Caben dos
tipos de análisis respecto a la aplicabilidad de esta definición en el contexto
peruano. La primera, siendo más de fondo será solo señalada por razones de
espacio; y la segunda se refiere a las políticas y acciones del actual gobierno
bajo la etiqueta de “inclusión social”.
Se ha
definido que la inclusión supone que unos ingresen a una vida considerada
“normal” en la “sociedad” en que viven. Se entrecomillan las palabras “normal”
y “sociedad” por ser ambos conceptos relativos, en especial en un país
pluricultural como Perú. Tal vez se quiera “incluir” a un pueblo indígena a la
“sociedad” más “occidentalizada” dándoles dinero, cuando su economía no es
totalmente monetaria o es definitivamente de trueque. Sin embargo esta
“inclusión” suele definir lo “normal” desde la cultura hegemónica, y no considera
la existencia en un mismo país de múltiples sociedades con distintos conceptos
de lo “normal” y del buen vivir como algo cualitativamente distinto
(especialmente en su origen filosófico) al bienestar. Si bien, a nivel de
análisis y textos sobre la inclusión, hay lugar para estas diferencias, en la
práctica e implementación de políticas, la necesidad de masificar la
intervención y de fijar indicadores reduce la presencia de lo cultural y favorece
a los datos “duros”.
Ello lleva
al segundo punto: La “inclusión social” al estilo de Castilla, Trivelli, Heredia,
Humala, en ese orden. Al crearse el Ministerio de Inclusión Social, Humala
buscaba ratificar la promesa política de resolver las desigualdades del país.
Tal vez por un defecto profesional de economista, pero más probablemente por un
sesgo conceptual ideológico, el líder de facto del actual gabinete ministerial
ha puesto el mayor énfasis de la inclusión social en la superación de la
pobreza, desvirtuando y limitando así el concepto de inclusión, aún con las
limitaciones ya señaladas.
Era una
aspiración justa de organizaciones indígenas, de mujeres, de afrodescendientes,
de personas con discapacidad, de personas con una identidad u orientación
sexual distinta a la heterosexual hegemónica el ser parte de la proclamada gran
transformación, así como de todas las poblaciones que los mismos teóricos
califican como “vulnerables”, en un estado intermedio entre la inclusión y la
exclusión por no gozar plenamente de la vida “normal” de la “sociedad” (sic).
Antes que se pusiera de moda el desarrollo humano y la inclusión social, cuando
surgen los derechos humanos y la convención contra la discriminación, se había
establecido la necesidad de desarrollar políticas de acción afirmativa hacia sectores
históricamente discriminados como los enumerados al inicio del párrafo. El
sustento de estas iniciativas es que las situaciones históricas de desventaja
hacen más difícil el ejercicio pleno de sus derechos, o traduciendo a léxico de
inclusión, dificultan el goce del bienestar en su sociedad. Un ejemplo
sencillo, dos personas con igual ingreso económico familiar y capacidad
intelectual, una es varón y la otra mujer, una es heterosexual y la otra gay,
una tiene rasgos blancos y la otra es afrodescendiente, una es hispanohablante
y la otra quechua, ¿quién tiene ventajas?.
Considerar
estos aspectos incluyen otro tipo de
información (como incorporar la variable étnica en todo informe estatal
para visibilizar a la población afroperuana), otras acciones (como la incorporación del enfoque de género en todo
el actuar del estado) y sobre todo otras
políticas (como sancionar los crímenes de odio a LTGB y aplicar la consulta
previa a indígenas), y no hay voluntad política para ello. Hay voluntad para reducir
los índices de pobreza porque eso sitúa de manera favorable al país en el
mercado internacional, y por eso el instrumento estrella del MIDIS es el
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH, heredero de la información de
JUNTOS) que determina cuando una persona o familia se encuentra en situación de
pobreza y pobreza extrema. A continuación, cuatro casos para graficar las
limitaciones de esta sesgada visión economicista de la inclusión:
- El joven W postula a una beca, Educación consulta al MIDIS si este se encuentra focalizado en el SISFOH, y responde que no…pero porque no ha investigado ese hogar.
- La señora X tiene un hijo adolescente y mientras estudia recibe apoyo económico de JUNTOS superando con este ingreso el quintil de pobreza, luego su hijo alcanza la mayoría de edad, y al no recibir el apoyo, vuelve a engrosar las estadísticas de pobreza.
- El señor Y es un afrodescendiente mayor, trabajó en diversos oficios y está acostumbrado a su independencia económica con la que hizo a sus 3 hijos profesionales, pero no está focalizado como pobre y no puede acceder ni a una pensión, ni a un seguro, pese a que los ingresos de sus hijos no son lo suficientemente altos como para pagar un servicio particular.
- La joven Z es quechuahablante, hija producto de violencia sexual durante el conflicto armado interno, tiene derecho a un seguro de salud especial que la pueda resarcir del perjuicio que el Estado le provocó por omisión, la vecina de Z es pobre, y ambas tienen la misma cobertura de salud, aunque sus casos son cualitativamente distintos.
Estas son
las situaciones producidas por el enfoque economicista de la focalización y el
diseño de programas peruanos de inclusión social. Si bien alivian situaciones
de pobreza, no responden a las necesidades y demandas de poblaciones
mayoritarias a las que el estado sigue dando la espalda, invisibilizándolas,
normando en su conducta sexual, o negándoles a decidir sobre su territorio.
El MEF
está logrando incluir a un sector de personas en pobreza al sistema de mercado,
no a una situación de bienestar. El MIDIS le ofrece oportunidades a la Sra.
Heredia para posicionarse como líder política, pero no restituye derechos a
quienes el Estado ha vulnerado por décadas. El gobierno está logrando
posicionar al país en el ranking internacional, pero sigue careciendo de
información nacional fiable. Así, mientras en la UE y Washington siguen
apostando por la receta de la inclusión social y Obama le da palmaditas a
Ollanta, en Perú, los cambios estructurales, la igualdad de derechos, la no discriminación,
la gran transformación, seguirán esperando invisibilizados por un logo de
“Marca Perú”.
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