Quienes firmaron el Manifiesto Liminar de Córdoba en 1918, proponían el cogobierno estudiantil fundamentándose en que la juventud es “desinteresada y pura” y que “no ha tenido tiempo aún de contaminarse”. Sabemos que en Perú, el estudiantado está ya corrompido: lamentablemente, el tiempo de debacle de la institucionalidad democrática, la arremetida económica neoliberal y el reinado de la corrupción ha sido suficiente para contaminarla desde la adolescencia. No siempre. Como tampoco siempre los docentes y las autoridades son corruptos.
En la discusión por la nueva ley universitaria (que no llega a constituir una reforma), las organizaciones vinculadas al empresariado solo prestan atención a las garantías para que la universidad privada establezca sus propias normas de juego administrativas y académicas, mirando a las certificaciones internacionales. De otro lado, las federaciones estudiantiles y docentes dan por supuesta la autonomía y proponen voto universal, buscando alguna fórmula que les permita seguir reinando en las universidades, repartiendo eventualmente algún feudo para que los demás otorongos no les coman. En síntesis, una negociación más que un debate.
El debate actual debería tratar de cómo la educación superior recrea, reproduce y perpetúa un sistema de inequidad social. La diferencia normativa entre las escuelas de arte, los institutos técnicos y las universidades marcan una asimetría social que se refleja tanto entre quienes pueden postularse a determinadas carreras y quienes pueden finalmente acceder a determinado empleo, estatus y lugar en la sociedad peruana; no en vano la nueva propuesta de servicio militar afecta a técnicos,pero no a universitarios. Lo mismo sucede entre universidades privadas y públicas, y entre las limeñas y del resto del país.
Si las nuevas universidades a fundar dependerán solo de un estudio de mercado como lo propone uno de los actuales proyectos de ley en debate, se corre el riesgo de seguir reproduciendo la inequidad, por más que controlemos la corrupción con entes rectores respetuosos de la autonomía, profundicemos el cogobierno y la democracia universitaria, o rescatemos del Manifiesto Liminar el ingreso irrestricto a las universidades.
Se requiere un estudio social, que no arroje que la ingeniería minera es la que requiere el mercado, sino que el país requiere ingenieros de mina con sensibilidad social que sepan trabajar de manera intercultural e interdisciplinaria con la comunidad y con antropólogos y técnicos. No pensar si la carrera docente es rentable, sino cuántos y qué tipo de maestros necesitamos. Un estudio que no diga que derecho es rentable porque la universidad no invierte laboratorios para implementar la facultad, sino que se requieren mejores fiscales y jueces en temas de violencia sexual. En fin, un estudio que no concluya que cada distrito de donde proviene un congresista tenga una universidad sin recursos económicos, sino que las universidades se implementen con toda la infraestructura y presupuestos necesarios en lugares estratégicos que empleen la diversidad cultural como un plus.
Hoy se da la oportunidad histórica de ir más allá de lo que desean determinados intereses, y de pensar en una educación superior (no solo universitaria) que sea a la vez un derecho y un instrumento para la construcción de una sociedad más justa, que nos permita un buen vivir.
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